Fiscalía de Medio Ambiente destaca el descenso del 23% de sentencias en 2012 sin ingresos en prisión

26 Sep

Destacan “el importante efecto preventivo general” de las condenas y en general de las sentencias de los últimos años

HUELVA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) –

La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada durante el año 2012 por el fiscal coordinador y delegado de jefatura de la especialidad, Alfredo Flores Prada, y por el fiscal Pedro Díaz Torrejón hasta el mes de junio, cuando fue sustituido por Ana Isabel Laso Mota, ha destacado en su memoria anual el descenso del número de sentencias efectuadas pasando de 68 en 2011 a 52 sentencias en 2012, lo que supone un descenso del 23 por ciento, sentencias de las que 41 han sido condenatorias y once absolutorias. A su vez, indican que ninguna persona ha entrado en prisión, como penada o preventiva, en delitos de la especialidad.

Según reza en el informe de la memoria anual, al que ha tenido acceso Europa Press, de estas sentencias han sido dictadas tres en Medio Ambiente y Ruidos, doce en Flora y Fauna-Caza-Pesca, nueve en Incendios Forestales y 28 en Ordenación del Territorio y una en Patrimonio Histórico, descendiendo especialmente las dictadas en estas últimas materias.

En esta línea, destacan que la labor asumida ha sido, como en los últimos años, el despacho de la totalidad de los asuntos en materia de delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, contra el Patrimonio Histórico, contra la Flora, la Fauna y el Maltrato de Animales y de Incendios Forestales, así como la asistencia a la mayoría de los juicios orales de la materia, una cuestión que consideran “complicada y que supone una carga añadida”, dado el resto de servicios asignados y que ninguno de los fiscales se dedica en exclusividad a la materia, de tal forma que sólo se ha dejado de acudir a algunos juicios por incendios forestales imprudentes y a los de caza furtiva o de construcciones en suelo no urbanizable sin especial protección de poca importancia.

Con relación a las diligencias informativas, han sido cuatro las incoadas, indicando además que, una vez más, en aquellos supuestos en que los hechos permitían la denuncia directa ante el juzgado, se ha optado por ella y así se ha realizado en tres ocasiones.

Por otro lado, en dos supuestos y ante denuncias de la administración, de un ayuntamiento concretamente, y de un particular, se ha dictaminado el archivo por entender, motivadamente, que los hechos carecían de relevancia penal, a lo que añaden que, como años anteriores, no tienen constancia de que las denuncias se hayan reproducido luego ante el juzgado competente.

En este sentido, remarcan en la memoria que sigue siendo pronto para valorar si esta disminución marca una tendencia relevante y cuáles puedan ser sus causas, si bien reiteran, como decían en 2010, que “las condenas y en general las sentencias de los últimos años están teniendo un importante efecto preventivo general en toda la provincia”.

En su mayor parte, las denuncias interpuestas se referían a hechos que podían ser constitutivos de delitos o en la mayor parte de los casos, infracciones administrativas como vertederos de residuos, vertidos de aguas sin depurar o con depuración deficiente, aguas-suelos contaminadas, pequeñas actuaciones urbanísticas de vecinos o en suelos no urbanizables sin especial protección, entre otras, y destacando un año más como ejemplo de concienciación ciudadana, aquellas cuyo objeto eran malos tratos o en general situaciones de deficiente atención y cuidados a animales de todo tipo.

En todos los casos se han emitido informes motivados, sobre todo cuando se archivaban denuncias y se ha informado a los denunciantes, incluso personalmente por vía telefónica o correo electrónico, de las distintas posibilidades de actuación que tenían.

Como asuntos preocupantes, subrayan de nuevo las extracciones ilegales de agua en las zonas próximas a Doñana; los vertidos de aguas residuales sin depurar y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera; las construcciones ilegales, no solo en parajes protegidos, sino en general en suelos no urbanizables de todas las localidades, donde sería esencial mayor compromiso y colaboración de los ayuntamientos; los casos de contaminación acústica con afectación de la salud de los ciudadanos en forma de delitos de lesiones y ataques graves a su intimidad domiciliaria, y todo lo relacionado con las balsas-depósitos de residuos mineros. Una cuestión ésta última que, a su juicio, cobrará mayor importancia en un futuro próximo por la intención de reabrirse explotaciones mineras de cobre en la zona del Andévalo. NECESIDADES

Por otro lado, aseguran que continua vigente “la problemática histórica” en cuanto a la precariedad de los medios informáticos y de personal auxiliar y también insisten en “la prioridad” de que esta sección de medio ambiente se asemeje a otras, en el sentido de contar con un espacio físico propio y personal auxiliar adscrito, ya que es “la única manera de cumplir de forma eficaz con las funciones encomendadas y cada vez más demandadas por los ciudadanos”.

De igual modo, destacan “la acuciante necesidad” de la creación de puestos de peritos en todas las materias propias de la especialidad, ya que se hace “imprescindible” el que fiscales y tribunales puedan contar de forma “sencilla y efectiva” con tales peritos imparciales y expertos y ello como única forma de evitar “enormes retrasos” en la tramitación de algunas causas en las que es enormemente complicado para los juzgados.
RELACIÓN CON FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

La Fiscalía ha incidido a su vez la buena relación mantenida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Seprona, Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma y los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía–, con las administraciones, con los medios de comunicación y con las ONG dedicadas al ecologismo, concretamente con WWF, con la que se han mantenido reuniones y contactos “muy fructíferos” en la persecución de los Cambios de Uso y los pozos-balsas ilegales para el riego en las zonas freseras próximas al Espacio Natural Doñana o con Ecologistas en Acción.

En este punto, en la memoria los fiscales tildan de “problemático” el hecho de que el área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del CNP, y dentro de los recortes presupuestarios, “se haya visto privada de la mayoría de sus vehículos todoterreno”, lo que lógicamente y, pese a la profesionalidad y empeño de sus integrantes y de su jefe, limita su capacidad de actuación.

A modo de conclusión, aseguran que, estos datos, les permiten decir “con modestia, pero también con firmeza”, que siguen “cumpliendo el principal objetivo planteado al inicio de cada año: investigar con escasos medios y posibilidades, todos los asuntos”, indicando además que no tienen constancia de causas en trámite, anteriores al año 2009.
Fuente Europapress

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