Patrimonio en peligro

12 May

Patrimonio en peligro
La Junta comienza a elaborar un amplio informe sobre el verdadero estado en el que se encuentran los edificios más valiosos de la provincia
JOSÉ ANTONIO HIDALGO CÁDIZ | ACTUALIZADO 12.05.2013 – 06:56

La Delegación Provincial de Cultura va a elaborar un plan de actuación integral en el que incluirá a todo el patrimonio inmobiliario de la provincia, a fin de evitar pérdidas en el mismo como en las últimas semanas ha ocurrido con el drago centenario del callejón del Tinte en Cádiz, el castillo de Villamartín o la iglesia de San Agustín en Medina Sidonia.

La intención de la Junta, según adelantó a Diario de Cádiz el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, es “evitar que la crisis (y los correspondientes recortes en inversiones tanto públicas como privadas) se lleve por delante parte de nuestra historia”, lo que después sería imposible de recuperar. Para ello desde el área de Cultura se ha comenzado a trabajar en tres aspectos. Por una parte se está procediendo a la revisión completa de todos los bienes muebles e inmuebles que están catalogados y que tienen un evidente valor histórico y artístico, a fin de ver el estado actual en el que se encuentran y priorizar posibles actuaciones en aquellos que lo necesiten; a la vez se pretende revisar el convenio que se mantiene con la Iglesia, con las dos diócesis de Cádiz y Asidonia-Jerez poseedoras del mayor conjunto histórico de la provincia, para analizar si hay que incluir o no nuevos elementos y la forma de actuar en ellos; y, finalmente, ampliar la lista de Bien de Interés Cultural, BIC, con aquellos inmuebles que están fuera a pesar de su evidente valor.

Lo cierto es que la crisis económica ha tocado de lleno a numerosos proyectos de mantenimiento del rico patrimonio histórico existente en la provincia. El recorte y el mal tiempo, pues el propio López Gil destacó a este diario cómo había dañado las fuertes lluvias de las últimas semanas a muchos templos gaditanos.

“La crisis económica está afectando mucho al patrimonio”, reconoce el delegado de la Junta, administración que ha cerrado el grifo casi totalmente cuando hasta hace poco era la institución que más dinero ponía sobre la mesa para la recuperación de estos edificios, como bien se puede ver en ciudades como Cádiz capital. Así el dinero de la Junta salvó de la ruina total al Oratorio de San Felipe Neri, que recibió más de 8 millones de euros dentro de las actuaciones relacionadas con el Bicentenario. La Iglesia, propietaria de este histórico inmueble, ya había advertido años antes de que no contaba con fondos para acometer una obra de estas características.

“La Iglesia es poseedora de un gran patrimonio que nos ha sido legado y que cuesta mucho mantener, por lo que necesitamos el apoyo público y privado. Ahora tenemos que concienciar al conjunto de la sociedad de que todos somos responsables de este patrimonio porque al final lo podemos disfrutar todos”, declara a este diario el delegado de Patrimonio del Obispado de Cádiz, David Gutiérrez.

Sacerdote en Media Sidonia, donde se ha producido el hundimiento en San Agustín hace apenas unos días, asume que la Iglesia, y menos en esta época cuando refuerza su labor asistencial, no tiene dinero para afrontar proyectos de rehabilitación e incluso de mantenimiento. Curiosamente, son los propios feligreses los que en muchas ciudades están afrontando la financiación de proyectos de recuperación, como ha pasado en Cádiz capital en operaciones ya realizadas o aún en marcha en el convento de Santa María y las iglesias de Santo Tomás y San José, entre otras.

David Gutiérrez lamenta, aunque entiende, los recortes en inversiones públicas y lamenta, también, que durante años “no se le hubiera dado importancia” a la necesidad de mantener el patrimonio, “lo que nos ha llevado a esta situación”. Por lo pronto, para mañana lunes está prevista una reunión interna en la Diócesis de Cádiz para analizar la situación de todo su patrimonio.

Pone como ejemplo David Gutiérrez el estado del patrimonio religioso el Medina Sidonia. “Todo su conjunto está en una situación de emergencia. Medina es una ciudad monumental, que vive de sus monumentos y de los restos romanos. Lo malo es que aquí se ha invertido muy poco y se ha descuidado bastante patrimonio de gran envergadura”.

Pero no sólo hay precariedad en Medina Sidonia. El delegado de Patrimonio menciona también situaciones delicadas como la cubierta de la parroquia de San Sebastián en Puerto Real, o el importante deterioro que sufre la parroquia de San Jorge en Alcalá de los Gazules, así como templos en Tarifa.

En todo caso, no todo el patrimonio histórico de la provincia se concentra en las propiedades de la Iglesia. El desarrollo del turismo cultural en los últimos años y la propia rehabilitación de muchos cascos urbanos ha sacado a la luz la necesidad de recuperación de antiguos palacios, castillos y antiguos equipamientos oficiales. Es cierto que en muchos casos ya se han emprendido obras de mejora. Cádiz capital es sin duda el ejemplo más claro de ello pues tiene en buen estado de conservación la mayor parte de su red de fortificaciones (murallas, baluartes y castillos, con el de San Sebastián en pleno proceso de reforma), a la vez que la aportación pública y privada ha logrado que en una década buena parte de sus grandes edificios estén en buenas condiciones. Curiosamente ha sido un árbol, protegido por ley como elemento integrante del Bicentenario, el drago del Callejón del Tinte, el que ha alertado sobre la necesidad de no olvidarse de nuestro patrimonio.

A la vez, queda en el aire, para el ciudadano de la calle, quién debe asumir el control de este patrimonio, ya sea de titularidad pública como privada.

En este sentido, Fernando López Gil indica que son los Bienes de Interés Cultural, BIC, los que entran dentro de sus competencias. “Nos toca tutelar la situación de su conservación y obligar a los propietarios a que actúen, procediendo a imponer una sanción si se incumplen los requerimientos”. En este sentido, los casos leves pueden suponer una sanción comprendida entre los 50.000 y 100.000 euros, las graves alcanzan entre los 100.000 y los 250.000 euros mientras que las sanciones graves pueden llegar incluso al millón de euros.

Fuera de los BIC, la Junta se encarga de la tutela y la vigilancia en los inmuebles que están incluidos en el inventario de bienes. Cita casos en los que son los propios propietarios los que reclaman el control de la Junta para así facilitar operaciones de rehabilitación. En otros hay una respuesta rápida a los requerimientos, como pasó con el castillo de Villamartín. Recuerda que en este caso “remitimos en su día un escrito al propietario que nos presentó un proyecto. Tras algunas modificaciones se le dio como plazo máximo de actuación el 6 de mayo. Ellos pidieron la licencia de obra al Ayuntamiento pero antes de conseguirla se cayó parte del castillo”. No habrá sanción, por lo tanto, al estar en plazo.

Más allá de la Junta, López Gil considera indispensable una mayor implicación de los ayuntamientos en el control del estado del patrimonio. “Todos aquellos que cuentan con planes específicos, que son la mayoría, tienen las competencias de control de cada localidad. Entendemos que la situación económica no es para afrontar muchas cuestiones, pero los ayuntamientos deberían de ser más conscientes de su papel en el mantenimiento de estos legados”. El catálogo de protección en la provincia incluye a 368 inmuebles. De ellos 113 están fichados en el Campo de Gibraltar, 90 en la Bahía de Cádiz (40 de ellos en la capital), 56 en La Janda, 45 en la Sierra, 39 en Jerez y 25 en la Costa Noroeste.

Fuente: Diariodecadiz.es

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