Las denuncias por expolio en yacimientos se triplican en 4 años

15 Abr

Las infracciones administrativas denunciadas por atentar contra el patrimonio histórico se han triplicado en sólo cuatro años. Así, si en 2008 apenas se registraron 9, el pasado ejercicio se alcanzaron las 24 demandas. Además, los efectivos de la Benemérita instruyeron a lo largo de 2012 diligencias penales contra cinco personas por la comisión de delitos contra bienes de dominio público.

Por otro lado, la Guardia Civil efectuó en 2012 más de 1.420 servicios centrados en la vigilancia de yacimientos arqueológico para tratar de evitar que fueran dañados u objeto de expolio, en el marco del «Plan especial para la defensa del Patrimonio Histórico Español», que tiene activado «de forma permanente e ininterrumpidamente» en la provincia.

En la mayoría de los casos, la transgresión más común es el uso de aparatos detectores de metales sin autorización de la Administración competente: la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Lo que distingue la infracción administrativa del delito es la comisión de daños, mediante cualquier procedimiento, en cualquier elemento integrante del conjunto en el que se enclava, entre los que se hallan los yacimientos arqueológicos con independencia de su catalogación como Bien de Interés Cultural.

En este sentido, las multas que se pueden interponer por este tipo de infracciones oscilan entre los 250.001 y el millón de euros para las muy graves; de 100.001 a 250.000 euros, las graves; y de hasta 100.000 euros para las leves. En cuanto a los delitos, el Código Penal recoge en su artículo 323 que «será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos».

Venta a través de la red

La última de las operaciones llevada a cabo por el Seprona tuvo lugar el pasado 7 de abril. Los efectivos emplazados en el cuartel de Baena tuvieron conocimiento de que una persona de esa localidad vendía a través de Internet una pieza arqueológica de gran valor. Ante ello, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial y de la Delegación territorial de la Consejería de Cultura, para concertar una entrevista con el supuesto vendedor.

Tras mantener un encuentro con el presunto infractor, la Guardia Civil comprobó que la pieza en cuestión era un capitel labrado, realizada en piedra caliza de difícil adscripción cultural, si bien, por su volumetría, parece pertenecer a un edificio público (religioso o civil) de época romana.

Así, los efectivos imputaron al vendedor, de 25 años y vecino de Nueva Carteya, como supuesto autor de sendos delitos, uno de ellos contra el patrimonio histórico y otro de apropiación indebida.

Fuente: ABC.es

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